jueves 27 de enero de 2011
En Francia, los cinco suicidios ocurridos en Renault en 2007 supusieron un revulsivo para la opinión pública. Inspectores, periodistas e investigadores iniciaron un trabajo de visibilización que sacó a la luz muchos más casos. La comparación con España es inevitable: en 2009, cuatro trabajadores de la ONCE se suicidan y, más allá de un reportaje en Interviú, aquí no ha pasado nada. Algunos delegados sindicales y familiares están tratando de romper el manto de silencio.
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En 2008 se suicidaron en España 3.421 personas, casi 10 al día. De hecho, como reconoce el INE, el suicidio se situó como primera causa externa de defunción ante el descenso de los fallecidos en accidentes de tráfico. ¿Cuántos de estos suicidios tienen relación con el trabajo? Lo cierto es que no lo sabemos porque en España los suicidios ocurridos en el trabajo o relacionados con éste no se investigan. Y ahí están los testimonios de los delegados sindicales de CCOO para demostrarlo.
Blanca Andrada es delegada de CCOO en Vinsa, una empresa de seguridad en Madrid. Personalmente conoce cinco casos de suicidios en su sector ocurridos en la capital de España en los últimos años en cuatro empresas diferentes: Prosegur, Ombus, Falcón y Vinsa. Al menos tres de ellos ocurrieron en el lugar de trabajo y ninguno de ellos fue investigado. “Estamos insistiendo en la necesidad de abrir una línea de trabajo que investigue las causas de los suicidios en las empresas de seguridad, pues tenemos la convicción de que tienen que ver con las condiciones de trabajo y con factores de riesgo psicosocial como el aislamiento, el bajo control sobre la organización del trabajo y la nocturnidad, pero de momento no hemos conseguido que casi nadie se preocupe por el tema”, denuncia Blanca.
Rafael Gutiérrez es delegado de CCOO en la ONCE. Gutiérrez llegó un poco más lejos en su denuncia, consiguió el apoyo del sindicato y algún efecto mediático. Pero al poco tiempo también cayó sobre él, y los trabajadores muertos, el manto de silencio. Gutiérrez denunció, a finales de 2009, que cuatro vendedores de la ONCE se habían suicidado en seis meses: tres en Asturias y uno en Badajoz. Exigía que se investigara la relación entre estas muertes y un nuevo sistema de “control” de los vendedores que la empresa puso en marcha cuando empezaron a descender las ventas. El relato de Gutiérrez es ordenado y apunta directamente a la necesidad de investigar los efectos que tiene sobre las personas determinada organización del trabajo “Cuando las ventas empiezan a caer en la ONCE –explica Gutiérrez–, la empresa transforma lo que primero se llaman ‘inspectores’ en unos nuevos perfiles profesionales más centrados en la dinamización de las ventas. En ese momento, ese personal deja de percibir un salario en función de su escala en el convenio y pasa a cobrar según unos objetivos, y en función de las ventas de los vendedores que tienen a su cargo”. Este cambio de funciones de los inspectores coincide con un cambio de denominación: primero les llaman “especialistas de ventas” y luego “gestores comerciales”.
“No podemos decir a ciencia cierta por qué se ha suicidado alguien pero sí que podemos investigar si determinadas prácticas producen una presión sobre los trabajadores que a algunos les resulta insoportable”, señala Gutiérrez. El delegado sindical se esfuerza por ponernos en situación: “Te dicen que no estás haciendo números suficientes, que tienes que trabajar más, que no llegas, que no te vayas a comer a casa, que tienes que hacer más horas o trabajar el fin de semana”.
El relato que Gutiérrez hace sobre el sistema de gestión basado en el control coincide casi punto por punto con el que describen Paul Moreira y Hubert Prongeau en su libro Travailler à en mourir (Flammarion, 2009), que recoge las investigaciones sobre los suicidios ocurridos en Renault que, finalmente, sí fueron declarados como accidentes de trabajo. Los “gestores comerciales” de la ONCE que describe Gutiérrez se parecen mucho a los “managers transversaux” (gestores transversales) que puso en marcha Renault a finales de los años 90. No son personas concretas, sino un sistema de gestión basado en el control y la presión lo que está detrás de los suicidios. Esa es la idea que defiende Dorothée Barrel, la inspectora de Trabajo francesa que abrió el camino a las investigaciones en Renault y que denunció ante la justicia lo que ella considera un “acoso moral institucional”. “El acoso moral institucional –explica Barrel– se pone en marcha en la misma organización del trabajo, con la ruptura del lazo social, la individualización de la relación con el trabajo que se produce al introducir sistemas de evaluación de objetivos individuales generalizados, un margen muy pequeño o nulo para que el trabajador organice su trabajo, y una serie de consignas confusas y contradictorias”.
En la ONCE, los casos de Asturias no son más que puntos en un goteo continuo. Alberto Astarloa, de la sección sindical intercentros de CCOO en la ONCE, plantea que hace años que están haciendo un seguimiento, habiendo podido detectar, desde 2004, 16 suicidios consumados y dos fallidos. Recientemente, hace apenas ocho meses, dos nuevos vendedores se han suicidado en Huelva. Todos los suicidios ocurridos en la ONCE y también los ocurridos en las cuatro empresas de seguridad madrileñas se han producido en horario y espacio laboral, lo que en Francia habría provocado una investigación de oficio por parte de inspectores de la CPAM, la institución pública equivalente a nuestro Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el caso francés, la empresa tiene que demostrar que esos suicidios no son accidentes de trabajo, en el caso español es justo lo contrario: son las familias de las víctimas las que han de demostrar la relación entre el trabajo y el suicidio.
Astarloa y sus compañeros de CCOO llevan años insistiendo en la evaluación de los riesgos psicosociales con un método adecuado, pero la ONCE no quiere cambiar de metodología: “Hemos tratado de que implanten el COPSOQ-ISTAS 21, pero no hay manera. La empresa niega la relación entre los suicidios y las condiciones de trabajo y aplica un método propio del servicio de prevención que opera por muestreo (y que carece de toda validación científica), según perfiles y no está claro a quién se escoge. Además, ‘evalúan’ aspectos para los que no hay evidencia de que sean riesgos para la salud, y no evalúan otros que claramente sí lo son”.
El esfuerzo que las empresas no hacen para investigar el origen profesional de la angustia que lleva finalmente al trabajador a suicidarse, sí lo realizan para tratar de encubrir los hechos. Recientemente, en un instituto de investigación de una universidad española, cuyos trabajadores prefieren permanecer en el anonimato, se ha suicidado un joven de treinta y pocos años. Sus compañeros y compañeras, aún en estado de shock, saben que tenía problemas con sus superiores, es más, que este mes de enero quería cambiar de trabajo. Parece que alguien de la organización le pidió que aguantara un poco más. Finalmente el joven saltó por la ventana de su domicilio. “Todos sabemos que se ha suicidado, pero el email que recibimos de la dirección del centro dice simplemente que nuestro compañero sufrió un accidente”.
Jueces que visibilizan casos
Las sentencias judiciales que empiezan a considerar los suicidios como accidentes de trabajo son cada vez más habituales también en España. Una de las últimas la dictó el magistrado Joan Agustí, en el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, en noviembre de 2007. Se trataba de un ingeniero de una empresa petrolífera que estaba encargado de montar una refinería en Asia.
Pocos días antes de que acabara el plazo para la entrega del proyecto, y después de manifestar a sus superiores encontrarse desbordado, este trabajador perfeccionista y responsable decidió acabar con su vida.
Lo novedoso del caso es que el juez sabía, porque así se expuso en el proceso por parte de los familiares de la víctima, que la persona que cometió suicidio padecía un transtorno bipolar y que recibía atención médica por este motivo desde hacía años. La conclusión a la que llega el magistrado es que los hechos prueban que fue “el estrés o la presión laboral el factor que desequilibró el frágil equilibrio del cuadro psíquico del actor”. El magistrado recuerda en su sentencia que nuestra legislación opta por un concepto amplio de accidente de trabajo –frente a un concepto restringido de enfermedad profesional– que comprende, como proclama el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, incluidas “las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva de accidente”. El juez se expresa con claridad: “Este magistrado tiene la convicción de que, sin la presión laboral de las últimas semanas y la forma en que el finado la vivió, el causante no hubiera tenido el impulso de suicidarse en ese momento”.
BERTA CHULVI
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