Viernes 28 Enero 2011Ç
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La muerte de 21 trabajadores de la mina de carbón La Preciosa, en Sardinata, Norte de Santander, pone al descubierto, de nuevo, las deficiencias en seguridad industrial en las minas colombianas, un problema que año tras año cobra vidas de una manera alarmante.
El crecimiento de la producción minera, que se ha duplicado en los últimos diez años, también se ve reflejado en el número de fatalidades, cuyo punto más alto se registró en el año 2010: 173 trabajadores murieron, tres veces más que las muertes registradas en el 2009 (58 personas).
El 2011 no comenzó nada bien para los mineros. Con la tragedia en Sardinata, el número de muertes durante enero llega a 30, una estadística muy alta si se tiene en cuenta que durante todo el 2005 se presentaron 37 casos.
Las tragedias se repiten y el país parece no aprender. Hace siete meses 73 mineros murieron en la mina de carbón San Fernando, en Amagá, Antioquia, y hace cuatro años una tragedia similar se presentó en la misma mina que explotó el miércoles de esta semana y que en ese entonces dejó 32 víctimas fatales.
Si no se corrigen las fallas y la producción de carbón aumenta como se prevé (pasar de 80 millones de toneladas a 130 millones de toneladas para el 2014), se corre el riesgo de que las emergencias y las fatalidades crezcan como ocurre desde el año 2004, según las estadísticas de INGEOMINAS.
El crecimiento de la producción minera, que se ha duplicado en los últimos diez años, también se ve reflejado en el número de fatalidades, cuyo punto más alto se registró en el año 2010: 173 trabajadores murieron, tres veces más que las muertes registradas en el 2009 (58 personas).
El 2011 no comenzó nada bien para los mineros. Con la tragedia en Sardinata, el número de muertes durante enero llega a 30, una estadística muy alta si se tiene en cuenta que durante todo el 2005 se presentaron 37 casos.
Las tragedias se repiten y el país parece no aprender. Hace siete meses 73 mineros murieron en la mina de carbón San Fernando, en Amagá, Antioquia, y hace cuatro años una tragedia similar se presentó en la misma mina que explotó el miércoles de esta semana y que en ese entonces dejó 32 víctimas fatales.
Si no se corrigen las fallas y la producción de carbón aumenta como se prevé (pasar de 80 millones de toneladas a 130 millones de toneladas para el 2014), se corre el riesgo de que las emergencias y las fatalidades crezcan como ocurre desde el año 2004, según las estadísticas de INGEOMINAS.
Para expertos como Oswaldo Ordóñez, director del grupo en Georrecursos, Minería y Medio Ambiente (GEMMA) de la Universidad Nacional de Medellín, la situación es una “vergüenza en pleno siglo XXI”, mucho más cuando en el papel existen las normas que deben cumplir las empresas mineras para evitar tragedias como la de esta semana (Decreto 1335, para la minería subterránea y el 2222 para la de cielo abierto).
¿Quiénes fallan?
Las empresas mineras, los trabajadores y el Estado son responsables. Este jueves, el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, reconoció la debilidad que hay en la fiscalización de las 6.000 minas colombianas (3.000 operativas y 3.000 en exploración), sin contar las ilegales.
Esta tarea está a cargo de INGEOMINAS, entidad que tiene apenas 16 personas designadas para hacerles vigilancia. “En este momento INGEOMINAS no cuenta con los recursos humanos ni técnicos ni financieros para realizar la fiscalización”, dijo el ministro a los medios de comunicación.
El tema también es de recursos. Según el funcionario, se necesitan 100.000 millones de pesos para contratar una fiscalización minera “ya sea tercerizada o a través de la creación de una superintendencia minera”.
Y aun cuando las normas se hacen cumplir y se cierran las minas que tienen deficiencias en seguridad, “vienen las demandas o las tutelas para abogar por el derecho al trabajo. Las abren de nuevo y las exigencias difícilmente son cumplidas o se hacen a medias (...) Debería primar el derecho a la vida sobre el derecho al trabajo. El Estado debe coger seriedad y ponerles el ‘tatequieto’”, explica el director del GEMMA.
Empresas, las responsables
El ministro de Minas y Energía fue claro: la responsabilidad de la seguridad industrial minera es de las empresas, mucho más para la minería subterránea de carbón, que es una de las actividades más peligrosas del mundo.
En Colombia el número de emergencias, al igual que el de muertos, va en aumento. El año pasado se presentaron 84 casos, 27 de ellos por derrumbes. Sin embargo, los casos de deficiencia de oxígeno (O2), explosión de metano (CH4) y problemas electromecánicos aumentaron considerablemente con respecto al 2009.
Sólo en deficiencia de O2 se pasó de dos casos en el 2009 a 18 en el 2010 y tres en lo corrido del 2011. En cuanto a los accidentes por metano, pasaron de siete en el 2009 a 12 en el año anterior. Estas últimas podrían ser las causas de la explosión en la mina de Norte de Santander, sin embargo, las investigaciones apenas comienzan.
César Díaz Guerrero, director de la Cámara Colombiana de Minería, entidad que agrupa empresas de este gremio, resaltó a medios la importancia de “aumentar los niveles de seguridad industrial para evitar accidentes” y reconoció que “hay algunas minas en el país que no tienen buenas prácticas en seguridad”.
Luis José Mejía, profesor del departamento de Geociencia de la Universidad Nacional, asegura que es evidente que los dueños de las minas no cumplen las normas, que son claras en el país. Para hacer mantenimiento a una mina es necesario cerrarla durante dos o tres días “y esto no lo hacen porque los dueños consideran que se pierde mucha producción”.
Y es que la explotación de carbón es muy rentable. Según el director del GEMMA, “una tonelada puede estar a 50 dólares y extraerla vale ocho dólares. El margen de ganancia es alto”, asegura.
Si a ello se suma que la seguridad industrial con todas las de la ley (con equipos de personal, monitoreo y emergencia) puede representar una inversión de entre el 25 por ciento y el 28 por ciento de los costos de producción para las empresas, una inversión que todavía no llama del todo la atención de los empresarios.
20 o 30 años de retraso
Si se compara a Colombia con otros países que llevan la delantera en minería, incluida la seguridad industrial, tales como Australia, Sudáfrica, Canadá, Brasil, Chile y Perú, el país tiene de 20 a 30 años de retraso, según Ordónez, experto de la Universidad Nacional.
Explotación minera como la que hacen grandes empresas como Mineros, Cerrejón, Cerro Matoso y Drummond en Colombia, con producción a gran escala y con importantes inversiones en seguridad, son algunos buenos ejemplos que hay en el país y cumplen las normas que exigen.
Según las normas, el requisito número uno para una mina de explotación subterránea es un sistema de ventilación permanente y con suficiente volumen de aire, capaz de mantener limpia la atmósfera de trabajo para hacerla respirable. Estos espacios deben contar, además, con túneles que se comuniquen con el exterior, así como estaciones de monitoreo con alarmas que indiquen cuál es la concentración de gases y en caso de emergencia, el personal tenga el tiempo de evacuar.
Sin embargo, estos requisitos no se cumplen a cabalidad en todas las minas legales. En algunas, cuenta el director del GEMMA, hay equipos obsoletos, no cuentan con los sistemas de ventilación adecuados ni suficientes para el tamaño de la mina, incluso, se permite fumar, comer en los sitios de trabajo y laborar sin los instrumentos adecuados, por ejemplo, sin uniformes. “En algunas es un relajo total, y sorprende que no pase nada”, puntualiza Ordóñez.
Las empresas mineras, los trabajadores y el Estado son responsables. Este jueves, el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, reconoció la debilidad que hay en la fiscalización de las 6.000 minas colombianas (3.000 operativas y 3.000 en exploración), sin contar las ilegales.
Esta tarea está a cargo de INGEOMINAS, entidad que tiene apenas 16 personas designadas para hacerles vigilancia. “En este momento INGEOMINAS no cuenta con los recursos humanos ni técnicos ni financieros para realizar la fiscalización”, dijo el ministro a los medios de comunicación.
El tema también es de recursos. Según el funcionario, se necesitan 100.000 millones de pesos para contratar una fiscalización minera “ya sea tercerizada o a través de la creación de una superintendencia minera”.
Y aun cuando las normas se hacen cumplir y se cierran las minas que tienen deficiencias en seguridad, “vienen las demandas o las tutelas para abogar por el derecho al trabajo. Las abren de nuevo y las exigencias difícilmente son cumplidas o se hacen a medias (...) Debería primar el derecho a la vida sobre el derecho al trabajo. El Estado debe coger seriedad y ponerles el ‘tatequieto’”, explica el director del GEMMA.
Empresas, las responsables
El ministro de Minas y Energía fue claro: la responsabilidad de la seguridad industrial minera es de las empresas, mucho más para la minería subterránea de carbón, que es una de las actividades más peligrosas del mundo.
En Colombia el número de emergencias, al igual que el de muertos, va en aumento. El año pasado se presentaron 84 casos, 27 de ellos por derrumbes. Sin embargo, los casos de deficiencia de oxígeno (O2), explosión de metano (CH4) y problemas electromecánicos aumentaron considerablemente con respecto al 2009.
Sólo en deficiencia de O2 se pasó de dos casos en el 2009 a 18 en el 2010 y tres en lo corrido del 2011. En cuanto a los accidentes por metano, pasaron de siete en el 2009 a 12 en el año anterior. Estas últimas podrían ser las causas de la explosión en la mina de Norte de Santander, sin embargo, las investigaciones apenas comienzan.
César Díaz Guerrero, director de la Cámara Colombiana de Minería, entidad que agrupa empresas de este gremio, resaltó a medios la importancia de “aumentar los niveles de seguridad industrial para evitar accidentes” y reconoció que “hay algunas minas en el país que no tienen buenas prácticas en seguridad”.
Luis José Mejía, profesor del departamento de Geociencia de la Universidad Nacional, asegura que es evidente que los dueños de las minas no cumplen las normas, que son claras en el país. Para hacer mantenimiento a una mina es necesario cerrarla durante dos o tres días “y esto no lo hacen porque los dueños consideran que se pierde mucha producción”.
Y es que la explotación de carbón es muy rentable. Según el director del GEMMA, “una tonelada puede estar a 50 dólares y extraerla vale ocho dólares. El margen de ganancia es alto”, asegura.
Si a ello se suma que la seguridad industrial con todas las de la ley (con equipos de personal, monitoreo y emergencia) puede representar una inversión de entre el 25 por ciento y el 28 por ciento de los costos de producción para las empresas, una inversión que todavía no llama del todo la atención de los empresarios.
20 o 30 años de retraso
Si se compara a Colombia con otros países que llevan la delantera en minería, incluida la seguridad industrial, tales como Australia, Sudáfrica, Canadá, Brasil, Chile y Perú, el país tiene de 20 a 30 años de retraso, según Ordónez, experto de la Universidad Nacional.
Explotación minera como la que hacen grandes empresas como Mineros, Cerrejón, Cerro Matoso y Drummond en Colombia, con producción a gran escala y con importantes inversiones en seguridad, son algunos buenos ejemplos que hay en el país y cumplen las normas que exigen.
Según las normas, el requisito número uno para una mina de explotación subterránea es un sistema de ventilación permanente y con suficiente volumen de aire, capaz de mantener limpia la atmósfera de trabajo para hacerla respirable. Estos espacios deben contar, además, con túneles que se comuniquen con el exterior, así como estaciones de monitoreo con alarmas que indiquen cuál es la concentración de gases y en caso de emergencia, el personal tenga el tiempo de evacuar.
Sin embargo, estos requisitos no se cumplen a cabalidad en todas las minas legales. En algunas, cuenta el director del GEMMA, hay equipos obsoletos, no cuentan con los sistemas de ventilación adecuados ni suficientes para el tamaño de la mina, incluso, se permite fumar, comer en los sitios de trabajo y laborar sin los instrumentos adecuados, por ejemplo, sin uniformes. “En algunas es un relajo total, y sorprende que no pase nada”, puntualiza Ordóñez.
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