Tan necesaria aunque no indispensable como la producción de alimentos, resulta ser la minería para el mundo como lo conocemos ahora y lo percibimos a futuro. Práctica que consiste en extraer de la tierra los materiales o recursos necesarios para la producción y el desarrollo de los asentamientos humanos en diversas áreas: desde la producción de energía, pasando por la construcción, fabricación de diversas herramientas y productos, hasta la orfebrería y la reciente extracción de materiales exóticos, en lo que se conocen como “tierras raras”, utilizados para la producción de elementos de alta tecnología.
La actividad minera ha estado ligada a la humanidad y a su desarrollo desde que el hombre tiene conciencia del trabajo y la productividad para su subsistencia. De allí que, en la medida en que la industrialización y la producción a gran escala se masifica, se hace necesaria la explotación de los recursos de primera mano adyacentes a la tierra a una mayor escala. Lo anterior, con toda la responsabilidad que implica alterar los recursos naturales.
Por lo anterior, es bien sabido que tanto a pequeña, mediana o gran escala, es decir: de forma artesanal, en socavones o a cielo abierto, las implicaciones ambientales y sociales son tan intrínsecas como sus consecuencias. A toda gran bonanza la precede una crisis, bien sea por la explotación desmedida, que impacta los recursos naturales, la contaminación del agua y la deforestación; y el impacto social en las comunidades, que traslapa bajo el manto de un supuesto “desarrollo regional”: la explotación, la corrupción, el clientelismo, el enriquecimiento de unos pocos que se hacen más poderosos, la prostitución y hasta la esclavitud.
Por lo general, y bajo el modelo citado, la experiencia de la minería en el mundo no ha dejado más que tierras desoladas por su poca productividad, especies de flora y fauna extintas, poblaciones en la miseria y en una muy baja proporción a algunas familias beneficiadas por proyectos de restauración o de retribución a la región, más como una deuda o requisito para cubrir su rastro destructivo.
Legal o ilegal ¿Hasta dónde?
Colombia se enfrenta al reto de la minería legal y la minería ilegal. Disyuntivas planteadas o sustentadas por un sistema establecido por normas y legisladores expertos en normatividad y políticas de porcentualidad que, de una u otra forma, desconocen los motivos, las intenciones y, desde luego, las consecuencias reales de la actividad minera y sus afectaciones al Estado y que intentan preponderar bajo los principios de una soberanía de estrados y despachos.
Por su parte, la denominada minería legal, vista como empresa que ha trascendido las fronteras para explotar en otras latitudes su próspero negocio, pretende obtener los recursos de la tierra proponiendo garantes, favores y beneficios en porcentajes calculados por su precio como productor y oferente, al dueño del terreno que cotiza por hectárea y vende al mejor postor, desconociendo el valor real de su tierra, que en un principio podría ser explotada con productos renovables, a un plazo superior del que ofrece la minería. Visto el material obtenido con el precio del mercado internacional, el valor de la tierra resulta ínfimo, así también la supuesta inversión en la recuperación y el supuesto progreso social que no pasa de unas escuelas, barrios y comunidades, sin mayor trascendencia para las generaciones futuras, dueñas de dichos recursos.
No es un secreto que los países que se proyectan como potencias son aquellos denominados “verdes”, así los ven el resto del mundo y quienes comprenden su fortaleza en el green business. Lo que hace un poco incomprensible que desde adentro, sean dichos países quienes parezcan menospreciar o desconocer el costo real de sus riquezas y entreguen por tan poco lo que podría denominarse como el patrimonio soberano de la nación. Lo anterior, sólo para entender el punto de vista de quienes ven el futuro bajo la óptica del dinero y la explotación, desconociendo la “sostenibilidad” como un principio para la conservación de toda forma de vida en la tierra.
Por su parte, la minería ilegal, aquella que está calificada como informal, no autorizada o clandestina, y que por efecto de la falta de oportunidades, igualdad social, avaricia o intereses de unos pocos terratenientes, avanza en una descontrolada escalada en la que a diario se pierden fuentes hídricas, bosques, fauna silvestre y vidas humanas. El posicionamiento de organizaciones al margen de la ley ha hecho surgir en algunas regiones la minería como fuente de su sustento, con las consabidas consecuencias.
Impacto y sostenibilidad
Por donde se mire, la actividad minera impacta en los recursos naturales y en la vida de las personas a menor o mayor escala dependiendo de las condiciones en que se “negocien” o se adjudiquen los proyectos de explotación. Por ahora, la responsabilidad recaerá en las recién creadas entidades por el Gobierno, como son: Agencia Nacional Minera (ANM), para actividades de contratación y fiscalización; el Servicio Geológico Colombiano, para las actividades relacionadas con el conocimiento del subsuelo; y el viceministerio de Minas.
Las entidades atienden a la reestructuración propuesta por el Presidente Juan Manuel Santos que pretende impulsar el desarrollo del sector minero y acelerar su tasa de crecimiento. Por ello, se hace imperante que se trabaje conjuntamente entre gobierno, comunidad y expertos en las disciplinas involucradas en temas como:
I. Estudio del aprovechamiento y valor real de los recursos minerales en las zonas de explotación, con ello:
a. impacto ambiental (acuíferos, flora y fauna silvestre).
b. impacto social (preparar a las comunidades, fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad pública).
c. impacto económico (beneficios reales a corto, mediano y largo plazo para las zonas y poblaciones circundantes).
II. Participación por parte del Gobierno y la comunidad en actividades de regulación y control de recursos naturales, con ello:
a. seguimiento y control de las autoridades ambientales y la comunidad (a través de comités y comisiones asesorados por expertos calificados en el tema).
b. Continua rendición de cuentas y seguimiento a las inversiones y fases del proyecto (ambiental, social y económico).
III. Propuesta de educación y desarrollo hacia la sostenibilidad en la región, con ella:
a. Formar a los pobladores para prevenir la explotación futura del recurso una vez terminado el proyecto (educación ambiental encaminada a promover el amor por la región y sus recursos).
b. Garantizar otros medios de producción y comercialización para el futuro de la región (promover mercados emergentes y sostenibles).
c. Hacer visible la inversión en espacios para la educación y capacitación en todos los niveles (básica, secundaria y técnica – profesional).
Con la creación de la Agencia Nacional Minera, que hace parte de la reforma del Estado, y que tendrá la potestad de entregar títulos mineros, administrar contratos y concesiones; asimismo, de fiscalizar y sancionar las irregularidades que se presenten, se espera cambiar el panorama nacional a futuro, aunque en muchos frentes ”el daño ya está hecho”.
De otra parte, para obtener el mayor beneficio de la explotación minera, es menester del gobierno fortalecer la institucionalidad en las áreas específicas de trabajo en las regiones donde se adelanten procesos de extracción; a su vez, más allá de toda normatividad y legislación, se deben exigir y hacer cumplir los compromisos adquiridos por las empresas encargadas de la explotación, por ello la contratación, más que transparencia, debe abarcar un componente que incluya expertos en materia científica, técnica y económica que avalen los proyectos y la factibilidad de su ejecución en los tiempos propuestos.
Las buenas intenciones de la institucionalidad pueden seguir en el limbo de la legalidad y la ilegalidad, mientras no se tomen en cuenta la experiencias o trazabilidad de otros países de tradición minera. Asimismo, mientras la responsabilidad de la sostenibilidad y los recursos naturales no se trabaje de forma articulada en las regiones, y se le deleguen a unos cuantos los recursos y las actividades de control y seguimiento, dejando en un segundo plano la opinión de los expertos y la comunidad.
Aunque el impacto en el ambiente que generan las actividades humanas sea inevitable, es cuestión de saber hacer, saber compartir, saber invertir y saber educar, para mitigar en lo posible la afectación al entorno. Si se propone y proyecta de forma responsable y con el personal idóneo, es posible consolidar y construir un país hacia la sostenibilidad, de allí que la minería se plantee como una actividad legal o ilegal.
Por su parte, la actividad minera no se podrá desligar del medio ambiente, la economía y la sociedad, por ello la importancia de fortalecer la institucionalidad no sólo con más instituciones, sino con profesionales comprometidos con la supervivencia del planeta, que entiendan y apliquen, por encima de sus investiduras, el concepto de sostenibilidad y la responsabilidad que los asiste al momento de legislar y/o negociar con la soberanía y recursos que nos pertenecen a todos.
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Jorge Enrique Martínez Gualdrón - massmediasolucionesarrobagmail.com
Periodista y comunicador social con experiencia en el desarrollo e implementación de medios de comunicación impresos y audiovisuales. Asesor en imagen corporativa, comunicaciones estratégicas (ATL y BTL), con enfoque ambiental. Editor, corrector de estilo y Copy writer. Conferencista y tallerista. Experto en desarrollo, promoción y posicionamiento de marca y/o producto. Exitosa trayectoria en los sectores público y privado.http://www.massmediasoluciones.com/
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