La profesional de la medicina habría cobrado 10 mil bolívares a cada funcionario por caso.
En la audiencia de presentación, la fiscal 22° de esa jurisdicción, Cristina Coronado, imputó a la funcionaria por presuntamente incurrir en los delitos de corrupción agravada, expedición de certificados falsos y sustracción de documentos públicos, previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción.
La médico fue presentada ante el Tribunal 9° de Control del estado Lara, instancia que acogió la precalificación fiscal, decretó la medida privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente, conocido como Uribana, mientras el Ministerio Público presenta el acto conclusivo en el lapso correspondiente.
De acuerdo con la investigación preliminar, Rocha, durante su gestión, se valió de su cargo para aprobar las incapacidades por presbicia (dificultad para ver los objetos de cerca), razón que, según experticias médicas, no es motivo para inhabilitar laboralmente a una persona.
La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por la presidencia de la Junta de Incapacitación del Hospital Pastor Oropeza, que en su informe determinó que de 860 funcionarios incapacitados, sólo 20% de ese número tenían razones suficientes para inhabilitarlos laboralmente.
De esta manera, el Ministerio Público coordinó el pasado 15 de enero de este año tres allanamientos que fueron solicitados y acordados por Tribunal 2° de Control, los cuales se realizaron en la dirección del referido Hospital, en la consultorio privado de la fisiatra; así como en su residencia, donde localizaron sellos húmedos, constancias y demás documentos de interés criminalístico para la investigación.
Actualmente, la fiscal del caso investiga a qué funcionarios policiales le fueron otorgados los certificados de incapacitación falsos, a fin de establecer las responsabilidades penales del caso.
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