publicado el 23 agosto, 2010 por richard velazquez guerrero
Fuente: El Mercurio
El Estado de Chile invierte $3 mil anuales en prevención de riesgos por cada trabajador afiliado al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) -dependiente del Ministerio del Trabajo-, dinero que ni siquiera alcanzaría para pagar una hora de capacitación en estas materias.
En la vereda opuesta, la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción desembolsa $15.000 al año por cada uno de sus afiliados, mientras que la Asociación Chilena de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) promedian un gasto de $12.000.
Estas últimas cifras están en línea con los estándares internacionales. En Alemania, por ejemplo -país donde nació el sistema de mutuales en el siglo XIX-, la inversión supera levemente los $15 mil per cápita.
En Estados Unidos, en cambio, el sistema se basa en las acciones preventivas que realizan las propias empresas, de acuerdo con los estándares que diseña la oficina federal dedicada a estas materias (Occupational Safety and Health Administration).
Dos realidades
Las diferencias que se presentan entre los sistemas público y privado se explican por la naturaleza misma del modelo: mientras las tres mutuales privadas dan cobertura a 3 millones de trabajadores, dependientes en su gran mayoría de empresas grandes y medianas, el ISL cubre a los 740 mil que no acceden al sistema privado: aquellos que se desempeñan, precisamente, en los sectores más precarios.
El 17,5% de todos sus afiliados son empleadas domésticas que suelen cotizar por el mínimo legal y el resto se distribuye entre algunos funcionarios públicos, trabajadores por cuenta propia y asalariados de pequeñas y microempresas.
Esta entidad destina sólo el 4% de todo su presupuesto a programas de prevención, 15% a gastos de administración y todo el resto a prestaciones médicas, indemnizaciones por accidentes y pago de pensiones.
Prioridad: tratamientos
El accidente de la mina San José reaviva un debate que, a mediados del año pasado, abrió el propio gerente general del Instituto de Seguridad del Trabajo, Héctor Valencia, quien advirtió que el sistema de mutuales había desviado su rol preventivo para priorizar la construcción de clínicas y consultorios.
Efectivamente, las tres mutuales privadas destinan del orden de 14% de todo su presupuesto a programas de prevención -cursos a empleadores y empleados sobre medidas de autocuidado, reglamentos de seguridad, entre otros-, y todo el dinero restante a tratamientos, pago de indemnizaciones, pago de pensiones y expansión de la infraestructura. Esto último les permite contar con cierta capacidad ociosa y vender servicios a terceros de modo similar a otros actores de la red de clínicas y de hospitales.
Es más, las mutuales de la Cámara y de la Asociación Chilena de Seguridad generaron excedentes entre 2008 y 2009 por $15.000 millones y $8.500 millones, respectivamente.
En las mutuales defienden el sistema bajo el argumento de que la inversión que deben realizar en prevención está determinada por la Superintendencia de Seguridad Social y que siempre desembolsan más de lo que les exige la autoridad.
Los empleados que están fuera del sistema
En promedio, sólo el 5% de los trabajadores afiliados a las mutuales de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Asociación Chilena de Seguridad provienen de empresas con menos de 10 trabajadores, que son precisamente las más inseguras. Según Alejandro Morales, gerente de la Mutual de la CCHC, este sesgo no tiene que ver con ninguna barrera de entrada contra las pymes, sino con la escasa disposición de los pequeños empleadores para cumplir con el sistema de gestión de riesgos que las mutuales piden a sus afiliados.
“Hay un sector que sabe que le vamos a hacer exigencias y que van a ser fiscalizados, por eso prefieren irse al sistema estatal. Cuando tienen que inscribirse en alguna mutual, sus contadores los inscriben en el ISL y pagan la cotización como si fuera un impuesto más”, dice.
Quién fiscaliza la seguridad laboral
El sistema de prevención de riesgos laborales chileno es muy complejo. Existen unas doce agencias estatales dedicadas a la fiscalización, todas con normas, fiscalizadores, atribuciones y recursos distintos.
Uno de los casos más complejos es el de las unidades productivas que trabajan con precursores químicos. Pueden ser fiscalizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, por la Dirección de Movilización Nacional, por los seremis de Salud e, incluso, por la Conama. Por encima de todos ellos, opera la Dirección del Trabajo (DT).
Es en este punto donde surge la primera gran paradoja: la DT está dotada de amplias facultades fiscalizadoras, tiene un ejército conformado por más de 2.000 funcionarios, pero no tiene equipos especialistas en sustancias peligrosas. Tampoco en geología ni en explosivos.
Curiosamente, sí tiene las facultades para tomar decisiones en todos esos frentes.
Los organismos sectoriales, en cambio, tienen el conocimiento, pero no todas las facultades ni los recursos: Directemar, por ejemplo, tiene apenas 48 inspectores para fiscalizar más de 19.000 embarcaciones pequeñas y medianas, y 42 para 500 naves mayores. Lo mismo ocurre con Sernageomin: 18 inspectores para 4.000 yacimientos mineros.
Tal como advierte el ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, “aquí tenemos una situación bastante paradójica: el organismo que eventualmente estudia un accidente no es el que resuelve. La resolución queda al mero arbitrio de otra autoridad. En la práctica, lo que ocurre es que cuando la DT recibe un informe positivo de Sernageomin o de la Directemar, levanta la suspensión”.
En Estados Unidos, en cambio, hay un organismo federal colegiado, denominado OSHA -Occupational Safety and Health Administration- cuyas normas se aplican en la industria, la construcción, sector marítimo y agricultura.
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