Deforestadores impunes en la Amazonia

El Parlamento de Brasil prepara una amnistía general para los autores de delitos ecológicos hasta 2008 - Los diputados ruralistas logran imponer sus intereses

FRANCHO BARÓN - Río de Janeiro - 02/08/2010

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Brasil se prepara para conceder una amnistía general a los responsables de los desastres ecológicos cometidos en su vasto territorio. Y lo hace después de que una Comisión Especial del Congreso haya aprobado por aplastante mayoría (trece votos a favor y cinco en contra) una reforma del Código Forestal brasileño que regula los niveles máximos de destrucción. Los diputados ruralistas, aquellos que defienden los intereses del sector agropecuario, a veces incluso en detrimento del medio ambiente, son numerosos en el Congreso y en el Senado. Y todo apunta a que su conveniencia se convertirá pronto en ley.

El nuevo código también reduce las márgenes preservadas de los ríos y da más poder a los Gobiernos de los Estados brasileños a la hora de aplicar las normas medioambientales. El conjunto no puede ser más desolador para los sectores ecologistas, que califican el nuevo código de "retroceso histórico". Obviamente, en el ojo del huracán se sitúa el Amazonas.

La ecuación es básica: los diputados ruralistas tienen el control del Congreso ya que no pertenecen a ningún partido en concreto: tienen amplia presencia en todas las formaciones, ya sean de izquierdas o de derechas. Haciendo uso de esta fuerza han conseguido aprobar en primera instancia la reforma del Código Forestal. Las elecciones presidenciales brasileñas se celebrarán el próximo 3 de octubre, y el voto de agricultores y ganaderos vale su peso en oro en Brasil, donde el sector agropecuario es muy poderoso. Una reforma legislativa que implique flexibilizar las normas medioambientales en beneficio de la productividad y que establezca una amnistía general para los que hayan atentado contra el ecosistema es moneda de cambio valiosa a la hora de pedir votos.

"El escenario electoral es fundamental para entender lo que está pasando. En este momento no existen las condiciones para abordar este asunto con mesura. Nosotros pedimos que se atrasara la votación hasta después de las elecciones. Ellos (los ruralistas) querían que se celebrara antes. De momento, han ganado", explica a EL PAÍS Paulo Adario, director de la campaña para el Amazonas de Greenpeace. "Esta discusión no puede llevarse a cabo en periodo electoral. Es nefasto para el medio ambiente que esta reforma se haya votado en este momento", abunda Paula Moreira, del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM).

El texto aprobado en la Comisión Especial proviene del diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil (PSDOB), que defiende la reforma forestal asegurando que "el 90 % de las propiedades son irregulares y por lo tanto no consiguen establecer las áreas de reserva". Es cierto que el nuevo marco legal urge, ya que durante la última década la regulación de las áreas protegidas brasileñas se desarrolla en una suerte de limbo legal que ha dado pie a numerosos desmanes. "Los ruralistas han escogido muy bien el momento y a la persona (Aldo Rebelo), que le ha dado un barniz ideológico a un discurso puramente económico. Es curioso observar cómo la izquierda ha consolidando el discurso de la derecha", relata Adario.

"En el texto no hay ninguna propuesta de amnistía", replica Rebelo en una conversación telefónica con este diario. "Lo que esta reforma hace es copiar un decreto del Gobierno Federal que ya existe y que suspende las multas administrativas para que los propietarios puedan regularizar su situación", añade. "Sí es una amnistía desde un punto de vista técnico. Pero lo más grave es que desde el punto de vista simbólico o político, esta reforma beneficia a todo aquel que deforestó ilegalmente hasta julio de 2008. Y esto servirá de estímulo para nuevas deforestaciones", le contradice André Lima, candidato a diputado por el Partido Verde (PV).

Rebelo no oculta que su propuesta también recoge motivaciones de carácter económico: "Existen las cuestiones medioambiental y de producción rural. Pero también existe una guerra comercial. ONG financiadas por Europa y EE UU apoyan los intereses de la agricultura subvencionada en sus países. Evidentemente, estos intereses existen y yo, como legislador, defiendo el medio ambiente, pero teniendo en cuenta los intereses de la agricultura brasileña".

Según los cálculos de Greenpeace, la amnistía que se pretende extender a todos los delitos contra la vegetación cometidos antes de 2008 (año en que el Gobierno brasileño aprobó un marco legal consolidado para regular los crímenes medioambientales) supondría la condonación de una deuda con el Estado por valor de 8.000 millones de reales (más de 3.500 millones de euros). El Ministerio de Medio Ambiente eleva esta cifra a 10.000 millones de reales (más de 4.400 millones de euros). Esto quiere decir que aquellas personas o empresas que fueron condenadas por deforestar ilegalmente quedarían impunes tras regularizar la situación de sus propiedades en un plazo de cinco años. Después, sus procesos serían archivados definitivamente. "Para entendernos: estas personas ganaron mucho dinero con esos delitos y ahora van a ganar el doble, ya que se van a ahorrar la multa. Es una tremenda injusticia con los agricultores, que hacen enormes esfuerzos para adaptarse y cumplir la legislación medioambiental", afirma Moreira.

El nuevo Código Forestal también establece que en ríos de menos de cinco metros de ancho las márgenes de preservación forestal se reduzcan de 30 a 15 metros, y hasta a 7,5 metros si así lo deciden las autoridades del Estado. "Hemos calculado que 86 millones de hectáreas de selva podrán ser deforestadas legalmente si el texto sale adelante. Es una superficie que supera todo lo destruido en la historia de la Amazonia", alerta Adario. "Es una mentira más de Greenpeace y de otras ONG. Si son capaces de demostrar que mi texto autoriza a deforestar una sola hectárea en el Amazonas, renunciaré a mi mandato de diputado", promete Rebelo.

El texto también deja en manos de los Estados brasileños la posibilidad de flexibilizar la aplicación del nuevo código en función de las características de la región. "La lógica indica que los Estados tienen mayor agilidad a la hora de aplicar la norma, pero también están más sujetos a las presiones de los lobbies y a casos de corrupción", alerta el responsable de Greenpeace.