Las medidas de reducción de las emisiones contaminantes en empresas e instituciones recaen, fundamentalmente, en el bolsillo de los contribuyentes españoles a través de los impuestos y de la tarifa eléctrica.
¿Quién paga la lucha contra el cambio climático? ¿Los gobiernos, los ciudadanos o las compañías? La respuesta es difícil, porque las medidas para paliar los efectos son transversales y afectan a todos los aspectos de la economía. Sin embargo, en España, la principal fuente de financiación es el bolsillo del contribuyente: vía impuestos y vía tarifa eléctrica.
Las emisiones españolas de gases de efecto invernadero bajaron un 6,5% en 2008, aunque todavía están un 42,7 puntos por encima del objetivo fijado por el Protocolo de Kioto que el país firmó en 1997. ¿Por qué este desfase? Porque el reparto de derechos no fue equitativo desde el punto de vista de las emisiones per cápita y se hizo en función de la contaminación del año 1990, cuando la capacidad industrial española estaba todavía en pañales.
Aunque el país está muy alejado de su compromiso de Kioto, las emisiones por habitante están por debajo de la media europea, lo que significa que los españoles, en conjunto, no lo están haciendo mal.
Sin embargo, los ciudadanos son los que pagan las medidas que se adoptan en la lucha contra el cambio climático. Primero, a través de la tarifa eléctrica, porque el sector de la energía es el gran pagador del mercado del carbono: 500 millones en 2008.
En el reparto de la carga de emisiones permitidas, el legislador justificó que las eléctricas no están expuestas a la competencia internacional y pueden repercutir el coste de la compra de derechos de emisión sobre el consumidor final. La consecuencia es que el pagador último se traslada al cliente final de la energía eléctrica.
Segundo, el contribuyente también hace frente al cambio climático con sus impuestos.
Por ejemplo, el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (2005) del Gobierno tuvo un presupuesto de 729 millones de euros y un objetivo de reducción de 32,3 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Mientras, el Plan de Energías Renovables 2005-2010 cuenta con 8.492 millones de euros y una meta de reducción de 76,9 millones de toneladas de CO2, por citar dos ejemplos.
Es lógico que el peso de la lucha contra el cambio climático afecte negativamente al contribuyente, ya que el transporte representa un 14% de las emisiones contaminantes y la electricidad un 25%. Dos aspectos en los que se puede hacer mucho por ganar eficiencia y reducir los consumos.
Beneficio
Sin embargo, parece que no hay mal que por bien no venga y muchas empresas españolas se han visto beneficiadas del mercado de carbono. Es el caso de las que pertenecen al sector siderúrgico, cementero, el vidrio, la cerámica y el papel. Con la caída de la producción que ha provocado la crisis, también se ha desplomado la emisión de gases de efecto invernadero.
Como consecuencia, estas firmas han podido colocar unos 300 millones en derechos de emisión, equilibrando las cuentas maltrechas por la recesión. En este sentido, parece que al menos alguien se ha visto favorecido, porque la lucha contra el cambio climático implica un peligro: olvidar que los que se beneficiarán todavía no han nacido.
Fraude en el IVA por CO2
El organismo europeo para la cooperación policial, Europol, reveló el miércoles que el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión (ETS) ha sido objeto de fraudes por valor de 5.000 millones de euros durante los últimos 18 meses. Según Europol, «los derechos de emisión son un bien intangible y difícil de perseguir».
Las primeras operaciones fraudulentas se detectaron a finales de 2008, cuando se produjo un aumento sin precedentes del comercio de CO2. Posteriormente, España, Francia, Holanda y Reino Unido modificaron sus normativas nacionales para evitar el fraude.
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