El pasado 11 de diciembre, dos días después de la fecha programada para el término de la COP17 en Durban (Sudáfrica), los negociadores de 190 países lograron, con mucho trabajo, tres incipientes compromisos en la estructura internacional del combate contra el cambio climático:
1. Un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que expira el 31 de diciembre del 2012. Los negociadores lograron llegar a un acuerdo para tener en el 2015 un "instrumento legal vinculante", que limite las emisiones de los países a partir del año 2020. Pero Estados Unidos sigue quedándose fuera del Protocolo, y lo acompañan Rusia, Canadá y Japón, que ya avisaron que no formarán parte del segundo periodo de compromisos de Kioto, que iniciará en enero del 2013 y que no tiene aún fecha de término (2017 o 2020). Al final, en el segundo periodo, Kioto solo controlará el 15% de las emisiones. El resto de países se mantendrá con los compromisos voluntarios del año pasado en Cancún, que, según la ONU, no alcanzan para estabilizar el calentamiento de la Tierra.
2. El mecanismo que debe regir el Fondo Verde para el Clima, una bolsa de 100.000 millones de dólares anuales que estarán disponibles desde el 2020, y que serán aportados por los países desarrollados, para ayudar a economías en desarrollo a financiar acciones para reducir sus emisiones y combatir las consecuencias del cambio climático. En Sudáfrica se aprobaron en parte los mecanismos para su funcionamiento y capitalización.
La capitalización se hará mediante aportaciones directas de los Estados desarrollados y demás fuentes de financiamiento, aunque estas no fueron descritas, además de inversiones privadas. El fondo es uno de los puntos claves en las negociaciones climáticas, pues resulta imposible para algunos países con economías débiles, e incluso para economías emergentes, establecer e implementar medidas de mitigación y adaptación adecuadas.3. Una hoja de ruta para un nuevo acuerdo global, propuesta por la Unión Europea (UE), que busca generar la inercia necesaria para lograr la adopción de un nuevo acuerdo global vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y que se aplicará a todos los países, y no únicamente a los desarrollados. India fue el primer país en brincar y negarse a un instrumento legal de este tipo; le siguieron China y Estados Unidos. El argumento de India fue claro: de ninguna forma aceptaría un instrumento legal de esa clase, porque su país emite solo 1,7 toneladas de Co2 al año, que, comparadas con las 7 toneladas de China, no tienen el mismo impacto, y por ello no puede ser parte de un tratado que le imponga obligaciones que afectan su productividad y competitividad. Estados Unidos, que luego fue seguido por Canadá, Japón y Rusia, señaló que no formará parte de una segunda parte del Protocolo de Kioto si los países de economía emergente -principalmente China, India y Brasil- no se obligaban a reducir sus emisiones. Para la UE, la solución para evitar que las negociaciones quedaran aún más entrampadas fue generar una hoja de ruta que permita negociar un acuerdo jurídicamente vinculante o un acuerdo más ligero, que sea adoptado en el 2015.
Sin duda, el papel de los países latinoamericanos ha sido muy importante; sin embargo, la postura hacia la justicia climática y la integración de un acuerdo jurídicamente vinculante y ambicioso empieza a parecer cada día más lejana, lo que genera incertidumbre en cuanto al manejo y acceso al financiamiento internacional y conlleva a una incapacidad para enfrentar de manera sólida los impactos del cambio climático.
Tan solo en México, el cambio climático supone un costo superior a los 60.000 millones de dólares cada año, cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, según datos oficiales. En Colombia, la situación no es muy distinta: en el 2010, las lluvias dejaron cerca de 500 muertos, más de 80 desaparecidos y 3,5 millones de damnificados, mientras que desde septiembre pasado las cifras llegan a 141 muertos, 13 desaparecidos y unos 540.000 afectados.
Según la directora del Fondo de Adaptación, Cecilia Álvarez, el Gobierno debe destinar hasta el 2014 un total de 5.700 millones de dólares para hacer reparaciones.
Todo indica que las cuestiones climáticas tendrán que esperar. Pensar que tenemos un año más para llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante, ambicioso y justo se ve cada vez más difícil. Mientras más rápido entendamos que tendremos que ser muy creativos buscando soluciones locales, binacionales y regionales, más fácilmente se hará la transición.
TANIA MIJARES - ESPECIAL PARA EL TIEMPO
tracia17@gmail.com - @tracia17
1. Un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que expira el 31 de diciembre del 2012. Los negociadores lograron llegar a un acuerdo para tener en el 2015 un "instrumento legal vinculante", que limite las emisiones de los países a partir del año 2020. Pero Estados Unidos sigue quedándose fuera del Protocolo, y lo acompañan Rusia, Canadá y Japón, que ya avisaron que no formarán parte del segundo periodo de compromisos de Kioto, que iniciará en enero del 2013 y que no tiene aún fecha de término (2017 o 2020). Al final, en el segundo periodo, Kioto solo controlará el 15% de las emisiones. El resto de países se mantendrá con los compromisos voluntarios del año pasado en Cancún, que, según la ONU, no alcanzan para estabilizar el calentamiento de la Tierra.
2. El mecanismo que debe regir el Fondo Verde para el Clima, una bolsa de 100.000 millones de dólares anuales que estarán disponibles desde el 2020, y que serán aportados por los países desarrollados, para ayudar a economías en desarrollo a financiar acciones para reducir sus emisiones y combatir las consecuencias del cambio climático. En Sudáfrica se aprobaron en parte los mecanismos para su funcionamiento y capitalización.
La capitalización se hará mediante aportaciones directas de los Estados desarrollados y demás fuentes de financiamiento, aunque estas no fueron descritas, además de inversiones privadas. El fondo es uno de los puntos claves en las negociaciones climáticas, pues resulta imposible para algunos países con economías débiles, e incluso para economías emergentes, establecer e implementar medidas de mitigación y adaptación adecuadas.3. Una hoja de ruta para un nuevo acuerdo global, propuesta por la Unión Europea (UE), que busca generar la inercia necesaria para lograr la adopción de un nuevo acuerdo global vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y que se aplicará a todos los países, y no únicamente a los desarrollados. India fue el primer país en brincar y negarse a un instrumento legal de este tipo; le siguieron China y Estados Unidos. El argumento de India fue claro: de ninguna forma aceptaría un instrumento legal de esa clase, porque su país emite solo 1,7 toneladas de Co2 al año, que, comparadas con las 7 toneladas de China, no tienen el mismo impacto, y por ello no puede ser parte de un tratado que le imponga obligaciones que afectan su productividad y competitividad. Estados Unidos, que luego fue seguido por Canadá, Japón y Rusia, señaló que no formará parte de una segunda parte del Protocolo de Kioto si los países de economía emergente -principalmente China, India y Brasil- no se obligaban a reducir sus emisiones. Para la UE, la solución para evitar que las negociaciones quedaran aún más entrampadas fue generar una hoja de ruta que permita negociar un acuerdo jurídicamente vinculante o un acuerdo más ligero, que sea adoptado en el 2015.
Sin duda, el papel de los países latinoamericanos ha sido muy importante; sin embargo, la postura hacia la justicia climática y la integración de un acuerdo jurídicamente vinculante y ambicioso empieza a parecer cada día más lejana, lo que genera incertidumbre en cuanto al manejo y acceso al financiamiento internacional y conlleva a una incapacidad para enfrentar de manera sólida los impactos del cambio climático.
Tan solo en México, el cambio climático supone un costo superior a los 60.000 millones de dólares cada año, cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, según datos oficiales. En Colombia, la situación no es muy distinta: en el 2010, las lluvias dejaron cerca de 500 muertos, más de 80 desaparecidos y 3,5 millones de damnificados, mientras que desde septiembre pasado las cifras llegan a 141 muertos, 13 desaparecidos y unos 540.000 afectados.
Según la directora del Fondo de Adaptación, Cecilia Álvarez, el Gobierno debe destinar hasta el 2014 un total de 5.700 millones de dólares para hacer reparaciones.
Todo indica que las cuestiones climáticas tendrán que esperar. Pensar que tenemos un año más para llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante, ambicioso y justo se ve cada vez más difícil. Mientras más rápido entendamos que tendremos que ser muy creativos buscando soluciones locales, binacionales y regionales, más fácilmente se hará la transición.
TANIA MIJARES - ESPECIAL PARA EL TIEMPO
tracia17@gmail.com - @tracia17
__________________
No hay comentarios:
Publicar un comentario