Al menos otros 33 están pendientes de sentarse en el banquillo de los acusados. 36 personas murieron en el trabajo el año pasado
ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE / VALENCIA
Día 25/07/2010
Muchas veces los accidentes laborales se quedan en una multa; otras, cada vez menos, esquivan el control de la Inspección de Trabajo y de la Justicia pagando bajo cuerda indemnizaciones a víctimas o familiares a cambio de que no denuncien; en ocasiones, es la propia administración de Justicia la que, con su lentitud, alimenta esa tendencia a la «mercantilización de las posibles responsabilidades». Son procesos judiciales complejos y de instrucción lenta, pero cada vez son más los que terminan con penas de prisión. Durante el pasado año los juzgados de instrucción de Valencia tramitaron 157 causas relacionadas con la seguridad laboral: la mayoría, 112, por un delito de lesiones; 27 por homicidio en accidente laboral, 11 por un delito de riesgo sin resultado lesivo (no hubo accidente), uno por muerte por falta por imprudencia leve, tres por lesiones por falta de imprudencia grave y tres por lesiones por falta de imprudencia leve. La mayoría de estos casos está pendiente de juicio. Otros, ya fueron sentenciados.
Pendientes del banquillo
Treinta y siete personas con responsabilidad en la empresa fueron condenadas en 2009 a penas de prisión por accidentes sufridos por sus empleados. Fueron declaradas culpables de un delito contra la seguridad laboral por las condiciones en las que los obreros desempeñaban su trabajo.
No en vano, entre enero y octubre del pasado año hubo 10.834 accidentes laborales, 28 de ellos mortales. Fallecieron 36 trabajadores. Para la Fiscalía, el dato de siniestros mortales, que representa un descenso del 12,5% con respecto al mismo periodo del año anterior (hubo cuatro siniestros mortales menos), «no es tan positivo si lo combinamos con una disminución de la producción que en sectores como la construcción, se sitúa en cifras superiores al 40%». Hay, dice «claras mejorías» pero, insiste, «no nos permiten ser optimistas con la cultura de la prevención, que es necesario imponer en todos los sectores económicos, máxime cuando sabemos que existen factores externos de recesión económica que permiten mejorar artificialmente las estadísticas».
En total, durante el pasado año los juzgados de lo Penal de la provincia de Valencia dictaron 20 sentencias relacionadas con la siniestralidad laboral, frente a las 25 del año anterior. Sólo dos fueron absolutorias; el resto, 18, condenatorias.
Al menos otros 33 empresarios serán juzgados en los próximos meses por el mismo motivo, en su mayoría por delitos por imprudencia con resultado de muerte, lesiones impruentes o delito contra la seguridad laboral. La cifra, con todo, es engañosa. El número de personas que finalmente se siente en el banquillo de los acusados será mayor porque si bien la Fiscalía presentó 33 escritos de acusación durante 2009, algunos de esos escritos van dirigidos contra varias personas como presuntos responsables del siniestro laboral.
El dato es significativamente inferior al registrado el año anterior, cuando los escritos de acusación remitidos por el Ministerio Público al juzgado para que abriera juicio oral por accidente laboral se elevaron a 59, casi el doble.
Todos estos datos aparecen recogidos en la Memoria de la Fiscalía de Valencia. En el documento, el responsable de la Sección de Siniestralidad Laboral, Jaime Gil, elogia la colabarción de la Inspección de Trabajo. En 2009 Trabajo remitió 213 actas de infracciones por accidentes en los que la frontera entre la infracción administrativa y el delito era difusa. La Fiscalía incoó otras tantas diligencias de investigación penal.
En su mayoría, 203, fueron archivadas. Las irregularidades detectadas fueron sancionadas con una multa pero no en vía penal, sino en vía administrativa. Hubo, sin embargo, diez que terminaron en la interposición de un adenuncia y otras 15 que fueron derivadas al juzgado porque ya existía una causa penal abierta y en esos casos el fiscal ha de dejar de investigar.
El fiscal critica la exasperante lentitud de los juzgados en la instrucción de los procedimientos por accidente laboral, asegura que los tiempos no son «asumibles», dice que los retrasos no están justificados por la «complejidad» de las causas e insiste en la necesidad de acortar los tiempos para que el juicio no tarde cutro años en llegar. Hay, apunta, «situaciones difícilmente explicables».
