ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 03/09/2012, 12:01 H
Según la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los fabricantes de estos aparatos deben reciclar los residuos que genera su actividad, hasta alcanzar una cuota de 4 kg por habitante y año. Sin embargo, en España la mayoría de los aparatos fuera de uso son gestionados mediante sistemas no autorizados. Así lo revela un estudio de investigadores de la Universidad de Salamanca que publica el Journal of cleaner production.
“Se estima que solo están registrados 1.000 productores de unos 10.000 existentes en España. Esto implicaría una evasión de, por lo menos, 15 millones de euros”, dice a SINC Dolores Queiruga, actual investigadora del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de la Rioja.
En 2010, los españoles generaron 652 millones de kilogramos, es decir, 13,86 kg por persona, de los que únicamente 2,55 kg se recogieron y procesaron correctamente a través de los ‘sistemas integrados de gestión’ (SIG). Este es el método colectivo que los fabricantes pueden utilizar para gestionar los residuos, además de poder hacerlo a título individual.
En España existen actualmente siete SIG, un conjunto de fundaciones que reúnen a empresas del sector de la electrónica: ECOLEC, ECOTIC, ECOLUM, AMBILAMP, ECO-RAEEs, ECOASIMELEC y ECOFIMATICA.
El trabajo analiza la evolución y las etapas de desarrollo del tratamiento de este tipo de residuos desde los primeros borradores de la directiva europea que regula la gestión de los deshechos electrónicos, hasta la actualidad.
En el caso de los grandes electrodomésticos, por ejemplo, se estima que más del 70% de congeladores y frigoríficos, y el mismo porcentaje de televisores y de monitores, se recogieron y se trataron de forma incontrolada aprovechando que la legislación no lo prohíbe.
“El problema es que muchos fabricantes no están incluidos en el registro oficial del Ministerio de Industria para gestionar los residuos electrónicos (REI-RAEE) y esto dificulta su control”, dice Queiruga.
La investigación revela que el sistema de gestión de residuos español posee algunos puntos débiles. Según el estudio, los productores registrados que cumplen el marco legal se ven perjudicados económicamente respecto a los fabricantes que no se hacen cargo del gasto del reciclaje. Los autores también denuncian el retraso en el desarrollo de políticas públicas por parte de algunas Comunidades Autónomas.
La necesidad de un líder
Cuando la Unión Europea redactó el primer borrador de la directiva, España fue capaz de reunir a los agentes interesados para que cerraran acuerdos colectivos sobre el reciclaje de los RAEE. Sin embargo, hubo diferencias entre las comunidades autónomas para sacar adelante proyectos piloto. Los precursores fueron Cataluña y el País Vasco.
El estudio destaca la importancia de “un agente pionero para establecer el modelo a seguir por los demás”, como la empresa Indumental Recycling. “Su tradición, experiencia y apoyo a proyectos pilotos, representó un gran impulso para el desarrollo del sistema de gestión de residuos”, añade la investigación.
“Con los primeros borradores de la Directiva Europea, los productores se dieron cuenta de que tenían que responsabilizarse de los residuos de sus productos y todos los agentes económicos comenzaron a plantearse cuál podía ser la forma más adecuada de gestionarlos”, dice a SINC Queiruga.
Según Queiruga, “las cuotas de reciclaje tampoco reducen la cantidad de aparatos que se desechan”. Sobre las posibilidades para reducir el número de aparatos que se desechan cada año, la experta considera que es importante alargar la vida útil del producto mediante la reparación de aparatos y la concienciación de los ciudadanos. La experta también destaca la importancia de su reutilización para que tarden más tiempo en convertirse en residuo.
A pesar de todo, la investigación señala que el sistema de gestión de residuos de España podría servir de ejemplo para otros países que comienzan ahora. El trabajo concluye que la experiencia española puede ser un referente para países como Reino Unido, Estados Unidos y China, donde la mayoría de los RAEE se devuelven al productor, o se gestionan a través de programas de voluntariado y otros canales informales.
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