Uno de los efectos, beneficioso, de la crisis económica es la notable rebaja de los accidentes laborales y, sobre todo, de los siniestros con resultado de muerte. En paralelo, y en sentido contrario, la precariedad, la flexibilidad y la intensidad que requieren los patronos disparan los problemas asociados al acoso y a la violencia laboral, "la siniestralidad silenciosa", en palabras de Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de la ejecutiva federal de UGT, que se manifiesta esencialmente en bajas por depresión o trastornos de ansiedad. "Aceptamos condiciones de trabajo en perjuicio de nuestra salud", comentó Rufino en la presentación de una jornada dirigida a delegados de prevención de riesgos laborales y psicosociales, y recordó que la Comisión Europea "ya considera un riesgo estructural el estrés laboral, un problema que afecta en torno al 40% de los asalariados, que se produce en el 50% de las empresas y que nos cuesta un 10% del PIB"
La expresión máxima del problema serían los 44 suicidios registrados entre trabajadores de France Télécom en apenas año y medio, la mayoría en el lugar de trabajo. Pero el problema de la violencia laboral se extiende por todos los sectores.
Técnicos de UGT del País Valenciano han elaborado a lo largo de una década un "procedimiento" de prevención de la violencia laboral que acaba de ser asumido por el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Los habituales protocolos establecen que el acoso debe ser reiterado, continuado o intencionado para ser denunciable. Y llevar a un acosador ante el juez es complicado. No es fácil recabar pruebas solventes. Y, en el mejor de los casos, el demandante logra un despido. El procedimiento establece vías de reparación previa para frenar en seco la violencia al primer atisbo.
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