Si queremos hacer un análisis real y objetivos de las causas del siniestro ocurrido en Mina San José, no puede quedar fuera un asunto de fondo que se relaciona con el cuestionamiento a la pasividad de ciertos entes corporativos, públicos y privados, y también a las omisiones en la aplicación de la Ley vigente, que constituye el fundamento de la responsabilidad civil y penal que les pudiera ser imputada.
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| En el caso de la Mina san José, ¿quiénes podrían aparecer responsables? |
Si queremos hacer un análisis real y objetivos de las causas del siniestro ocurrido en Mina San José, no puede quedar fuera un asunto de fondo que se relaciona con el cuestionamiento a la pasividad de ciertos entes corporativos, públicos y privados, y también a las omisiones en la aplicación de la Ley vigente, que constituye el fundamento de la responsabilidad civil y penal que les pudiera ser imputada.
Dicha omisión reviste las características de culpa por infracción a los reglamentos e incluso, en el extremo, lo que se establecerá en un posible juicio: dolo eventual.
Para percatarse de ello basta leer en forma simple lo expresado por normas conocidas por todos los prevencionistas y en general por quienes se preocupan de estas materias. Por supuesto la Ley 16.744, sobre Seguro Obligatorio contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Asimismo, los decretos supremos 40, conocido como "la obligación de informar del empleador"; el 265, referente a la normativa que organiza las Mutualidades y el 101, reglamentario de la Ley.Dicha omisión reviste las características de culpa por infracción a los reglamentos e incluso, en el extremo, lo que se establecerá en un posible juicio: dolo eventual.
Para hacer más fácil la comprensión de lo que decimos proponemos las siguientes interrogantes, que debemos responder a la luz de los artículos reproducidos más adelante. La primera pregunta es la siguiente:
- ¿Cuál es el propósito, fin u objetivo de las Mutualidades?
- ¿Este fin, objetivo o propósito, puede ser cambiado, omitido o desechado, o al contrario, es de la esencia de la entidad?
- ¿Estos organismos privados (sin fines de lucro) en qué forma cumplen estos cometidos?
- Si no cumplen sus fines, ¿cuál podría ser la sanción?
- Si al no cumplir sus fines y se concursa en situaciones irregulares que causan daños físicos, morales o materiales, ¿se les debe declarar responsables de esos daños?
- En el caso concreto de la Mina san José, ¿quiénes podrían aparecer responsables de todos los daños causados en el siniestro de público conocimiento, solo los dueños o también las entidades públicas y privadas encargadas de la protección de la integridad de los trabajadores?
Precisados los temas que nos preocupan, respecto de las respuestas que debe dar cada cual, es bueno saber que las Mutualidades son corporaciones privadas sin fines de lucro, pero, que en su actividad se encuentran supervigiladas por un servicio público.
Se constituyen, porque demuestran ante el Presidente de la República, quien les da la autorización para operar cuando reúnen ciertos requisitos, que a mi modo de ver los más importantes los siguientes:
Se constituyen, porque demuestran ante el Presidente de la República, quien les da la autorización para operar cuando reúnen ciertos requisitos, que a mi modo de ver los más importantes los siguientes:
- Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra mutualidad, los que deben incluir servicios especializados, incluso en rehabilitación;
- Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
Estos requisitos deben permanecer y mantenerse desde que se inicia la Administración y hasta que se disuelve la Mutual. No puede dejar se hacer lo que es de su esencia y lo que le permite existir.
Se encuentran establecido en el art. 12 de la ley 16.744, y deben ser controladas por el servicio de Salud y fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
El Decreto Supremo 40, a su vez, señala que las Mutualidades de Empleadores están obligadas a realizar actividades permanentes de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Para ello deberá tener el número de profesionales idóneos suficientes para dar fiel cumplimiento a esta obligación.
Cuando se da efectivamente ese servicio por las entidades de salud laboral, se estima que se cumple cuando a dicho personal le corresponda una proporción promedia individual no superior a 80 empresas. Siempre que se cumpla efectivamente, resulta obvio que si no se cumple precisamente por falta de funcionarios la entidad, obligatoriamente debe tener más funcionarios destinados a esos objetivos esenciales. Obviamente, dicho calculo pudo ser cierto y real en 1968, pero, en la actualidad es claramente obsoeto, pues, resulta imposible que un profesional se encargue de asesorar y fiscalizar en seguridad y salud a 80 empresas aún partiendo del supuesto que se trate de Pymes, es decir de empresas de 10 trabajadores promedio. Menos aún si se tratare de empresas medianas y grandes.
En el caso similar de las administradoras delegadas ocurre que se expresa con claridad que las condiciones a que se refiere el artículo 23° deberán subsistir durante todo el tiempo que los administradores delegados desempeñen las funciones de tales.
Consideración final y conclusión
Cuando estos por alguna causa no cumplen, la falta o incumplimiento de una cualquiera de ellas, en cualquier momento que se produzca, dará margen para que la Superintendencia revoque la delegación, esto es, se deje a la empresa sin administración delegada. Sanción que sin duda alguna opera también contra las Mutualidades.
Lo anteriormente dicho es muy cierto, por cuanto, el art. 29 del Decreto Supremo Orgánico de Mutualidades, el Nro. 285, comienza señalando: Las mutualidades se disolverán: Y luego de los dos puntos señala algunas circunstancia en que esto se produce, agregando que en caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 12 de la Ley N° 16.744.
Como esta tarde ha sido un poco fría en el Sur, vale la pena lucubrar sobre los hechos que ocurren en el mundo, razón por la que nos hemos propuesto entregarles este problema a fin que den una solución posible en relación a los hechos que nos han conmovido estos últimos días. Mientras continuamos observando una trasgresión social a la lógica que se expresa sencillamente en como los mineros rescatados han pasado de víctimas de un sistema de producción inhumano, indiferente a la vida y salud de los trabajadores, a una suerte de ídolos mediáticos a nivel mundial. No obstante, es también necesario decir, que el valor del país Chile, en la bolsa internacional de las apreciaciones de este concepto, ha subido enormemente para bien del prestigio de nuestra nación. Aunque las Mutuales sigan invernando en su calidad de vigilantes de los riesgos en nuestras empresas y en este lapso de 70 días de horror y asombro, hayan muerto muchos otros trabajadores por falta de decisiones firmes, que son esas mismas que por Ley deben cumplir.
Se encuentran establecido en el art. 12 de la ley 16.744, y deben ser controladas por el servicio de Salud y fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
El Decreto Supremo 40, a su vez, señala que las Mutualidades de Empleadores están obligadas a realizar actividades permanentes de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Para ello deberá tener el número de profesionales idóneos suficientes para dar fiel cumplimiento a esta obligación.
Cuando se da efectivamente ese servicio por las entidades de salud laboral, se estima que se cumple cuando a dicho personal le corresponda una proporción promedia individual no superior a 80 empresas. Siempre que se cumpla efectivamente, resulta obvio que si no se cumple precisamente por falta de funcionarios la entidad, obligatoriamente debe tener más funcionarios destinados a esos objetivos esenciales. Obviamente, dicho calculo pudo ser cierto y real en 1968, pero, en la actualidad es claramente obsoeto, pues, resulta imposible que un profesional se encargue de asesorar y fiscalizar en seguridad y salud a 80 empresas aún partiendo del supuesto que se trate de Pymes, es decir de empresas de 10 trabajadores promedio. Menos aún si se tratare de empresas medianas y grandes.
En el caso similar de las administradoras delegadas ocurre que se expresa con claridad que las condiciones a que se refiere el artículo 23° deberán subsistir durante todo el tiempo que los administradores delegados desempeñen las funciones de tales.
Consideración final y conclusión
Cuando estos por alguna causa no cumplen, la falta o incumplimiento de una cualquiera de ellas, en cualquier momento que se produzca, dará margen para que la Superintendencia revoque la delegación, esto es, se deje a la empresa sin administración delegada. Sanción que sin duda alguna opera también contra las Mutualidades.
Lo anteriormente dicho es muy cierto, por cuanto, el art. 29 del Decreto Supremo Orgánico de Mutualidades, el Nro. 285, comienza señalando: Las mutualidades se disolverán: Y luego de los dos puntos señala algunas circunstancia en que esto se produce, agregando que en caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 12 de la Ley N° 16.744.
Como esta tarde ha sido un poco fría en el Sur, vale la pena lucubrar sobre los hechos que ocurren en el mundo, razón por la que nos hemos propuesto entregarles este problema a fin que den una solución posible en relación a los hechos que nos han conmovido estos últimos días. Mientras continuamos observando una trasgresión social a la lógica que se expresa sencillamente en como los mineros rescatados han pasado de víctimas de un sistema de producción inhumano, indiferente a la vida y salud de los trabajadores, a una suerte de ídolos mediáticos a nivel mundial. No obstante, es también necesario decir, que el valor del país Chile, en la bolsa internacional de las apreciaciones de este concepto, ha subido enormemente para bien del prestigio de nuestra nación. Aunque las Mutuales sigan invernando en su calidad de vigilantes de los riesgos en nuestras empresas y en este lapso de 70 días de horror y asombro, hayan muerto muchos otros trabajadores por falta de decisiones firmes, que son esas mismas que por Ley deben cumplir.
Por otra parte esta experiencia puede ser inscrita en el registro de propiedad del patrimonio nacional y ciertamente servir a otros países de estas y otras latitudes.
DECRETO SUPREMO 285.- ORGÁNICO DE LAS MUTUALIDADES
ART. 1°.- Las mutualidades de empleadores son corporaciones regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que tienen por fin administrar, sin ánimo de lucro, el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 16.744 y de las que se dicten en el futuro y de sus respectivos reglamentos, y que han sido autorizadas para este objetivo por el Presidente de la República.
ART. 29.-Las mutualidades se disolverán:
a) Por acuerdo de los adherentes, en la forma que dispongan los estatutos;
b) Por decreto de los ministerios de Justicia y de Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social, en los casos de incumplimiento grave y reiterado de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias; cuando el número de los trabajadores afiliados bajare de 20.000 durante un período superior a 90 días; por infracción del artículo 12 de la Ley N° 16.744; por no haber acreditado dentro del plazo fijado por el decreto que les otorgó personalidad jurídica, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras b) y c) del artículo 12 de la Ley N° 16.744. En todos estos casos, las mutualidades deberán constituir los capitales representativos de las pensiones a su cargo en la forma dispuesta por el artículo 12 de la Ley N° 16.744.
En caso de disolución de una mutualidad, el Presidente de la República deberá señalar las instituciones previsionales entre las cuales se repartirán los fondos de la mutualidad disuelta.
Ley 16.744: CONDICIONES DE EXISTENCIA MUTUALIDADES
ART. 12.-El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de estas instituciones, otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica, cuando cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo menos, en faenas permanentes;
b) Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra mutualidad, los que deben incluir servicios especializados, incluso en rehabilitación;
c) Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro, y
e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por ellas.
El Servicio Nacional de Salud controlará que dentro del plazo que fije el Presidente de la República en el decreto que les conceda personalidad jurídica, cumplan con las exigencias previstas en las letras b) y c) del inciso anterior.
En caso de disolución anticipada de una mutualidad, sus miembros deberán constituir los capitales representativos correspondientes a las pensiones de responsabilidad de dicha mutualidad, en el o los organismos administradores que deban hacerse cargo en el futuro, del pago de tales pensiones.
En lo demás, se procederá en la forma como dispongan sus estatutos y el estatuto orgánico de las mutualidades que deberá dictar el Presidente de la República en conformidad al artículo siguiente.
Las mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los acuerdos de los directorios de estas mutualidades que se refieran a transacciones judiciales o extrajudiciales, serán elevados en consulta a la Superintendencia de Seguridad Social.
Los acuerdos cuyo cumplimiento merezca dudas de legalidad o conveniencia a los directorios de dichas mutualidades podrán ser elevados en consulta por éstas a la mencionada Superintendencia de Seguridad Social.En casos calificados, la Superintendencia podrá disponer que una o más de estas entidades, que a su juicio requieran de un control especial, le eleven en consulta los acuerdos de directorio que recaigan sobre las materias que ella fije.
En los casos a que se refieren los tres incisos precedentes, la Superintendencia de Seguridad Social se pronunciará en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley N° 16.395.
La Superintendencia de Seguridad Social impartirá las instrucciones obligatorias que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos quinto a octavo de este artículo.
DECRETO SUPREMO 101.- Artículo 22°. También administrarán el seguro las Mutualidades de Empleadores que no persigan fines de lucro, respecto de los trabajadores dependientes de los miembros adheridos a ellas y de los trabajadores independientes adheridos, cuando cumplan con las exigencias establecidas en la ley y en su Estatuto Orgánico.
Artículo 26° Las condiciones a que se refiere el artículo 23° deberán subsistir durante todo el tiempo que los administradores delegados desempeñen las funciones de tales. La falta de una cualquiera de ellas, en cualquier momento que se produzca, dará margen para que la Superintendencia revoque la delegación.
El mismo efecto señalado en el inciso anterior producirá la mora o el simple retardo en el entero del aporte mencionado en el artículo 25°.
DECRETO SUPREMO 40.-
Artículo 2°
Corresponde al Servicio Nacional de Salud fiscalizar las actividades de prevención que desarrollan los organismos administradores del seguro, en particular las Mutualidades de Empleadores, y las empresas de administración delegada. Los organismos administradores del seguro deberán dar satisfactorio cumplimiento, a juicio de dicho Servicio, a las disposiciones que más adelante se indican sobre organización, calidad y eficiencia de las actividades de prevención. Estarán también obligados a aplicar o imponer el cumplimiento de todas las disposiciones o reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo.
Artículo 3°
Las Mutualidades de Empleadores están obligadas a realizar actividades permanentes de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Para este efecto deberán contar con una organización estable que permita realizar en forma permanente acciones sistematizadas de prevención en las empresas adheridas; a cuyo efecto dispondrán de registros por actividades acerca de la magnitud y naturaleza de los riesgos, acciones desarrolladas y resultados obtenidos.
Artículo 4°
El personal a cargo de estas actividades deberá ser especializado en prevención de riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo y su idoneidad será calificada previamente por el Servicio Nacional de Salud, pero en todo caso la dirección inmediata y los cargos que se consideren claves, como jefaturas generales y locales sólo podrán ser ejercidas por expertos en prevención de riesgos, definidos según lo dispuesto en el artículo 9°.
Las Mutualidades deberán disponer de suficiente personal especializado, contratado a tiempo completo, para asegurar que efectúen una prevención satisfactoria en todas las empresas asociadas. Se entenderá cumplida esta condición cuando a dicho personal le corresponda una proporción promedia individual no superior a 80 empresas. Para completar el número que resulte de aplicar la norma anterior, las Mutualidades no podrán considerar al personal técnico que las empresas asociadas dediquen a la prevención de riesgos.
El Servicio Nacional de Salud podrá verificar, cuando lo estime conveniente, la eficiencia de las actividades de prevención que desarrollen las Mutualidades; las que, para este efecto, estarán obligadas a proporcionar toda aquella información que les sea requerida y a llevar a la práctica las indicaciones que aquél les formule.
DECRETO SUPREMO 285.- ORGÁNICO DE LAS MUTUALIDADES
ART. 1°.- Las mutualidades de empleadores son corporaciones regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que tienen por fin administrar, sin ánimo de lucro, el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 16.744 y de las que se dicten en el futuro y de sus respectivos reglamentos, y que han sido autorizadas para este objetivo por el Presidente de la República.
ART. 29.-Las mutualidades se disolverán:
a) Por acuerdo de los adherentes, en la forma que dispongan los estatutos;
b) Por decreto de los ministerios de Justicia y de Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social, en los casos de incumplimiento grave y reiterado de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias; cuando el número de los trabajadores afiliados bajare de 20.000 durante un período superior a 90 días; por infracción del artículo 12 de la Ley N° 16.744; por no haber acreditado dentro del plazo fijado por el decreto que les otorgó personalidad jurídica, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras b) y c) del artículo 12 de la Ley N° 16.744. En todos estos casos, las mutualidades deberán constituir los capitales representativos de las pensiones a su cargo en la forma dispuesta por el artículo 12 de la Ley N° 16.744.
En caso de disolución de una mutualidad, el Presidente de la República deberá señalar las instituciones previsionales entre las cuales se repartirán los fondos de la mutualidad disuelta.
Ley 16.744: CONDICIONES DE EXISTENCIA MUTUALIDADES
ART. 12.-El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de estas instituciones, otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica, cuando cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo menos, en faenas permanentes;
b) Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra mutualidad, los que deben incluir servicios especializados, incluso en rehabilitación;
c) Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro, y
e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por ellas.
El Servicio Nacional de Salud controlará que dentro del plazo que fije el Presidente de la República en el decreto que les conceda personalidad jurídica, cumplan con las exigencias previstas en las letras b) y c) del inciso anterior.
En caso de disolución anticipada de una mutualidad, sus miembros deberán constituir los capitales representativos correspondientes a las pensiones de responsabilidad de dicha mutualidad, en el o los organismos administradores que deban hacerse cargo en el futuro, del pago de tales pensiones.
En lo demás, se procederá en la forma como dispongan sus estatutos y el estatuto orgánico de las mutualidades que deberá dictar el Presidente de la República en conformidad al artículo siguiente.
Las mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los acuerdos de los directorios de estas mutualidades que se refieran a transacciones judiciales o extrajudiciales, serán elevados en consulta a la Superintendencia de Seguridad Social.
Los acuerdos cuyo cumplimiento merezca dudas de legalidad o conveniencia a los directorios de dichas mutualidades podrán ser elevados en consulta por éstas a la mencionada Superintendencia de Seguridad Social.En casos calificados, la Superintendencia podrá disponer que una o más de estas entidades, que a su juicio requieran de un control especial, le eleven en consulta los acuerdos de directorio que recaigan sobre las materias que ella fije.
En los casos a que se refieren los tres incisos precedentes, la Superintendencia de Seguridad Social se pronunciará en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley N° 16.395.
La Superintendencia de Seguridad Social impartirá las instrucciones obligatorias que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos quinto a octavo de este artículo.
DECRETO SUPREMO 101.- Artículo 22°. También administrarán el seguro las Mutualidades de Empleadores que no persigan fines de lucro, respecto de los trabajadores dependientes de los miembros adheridos a ellas y de los trabajadores independientes adheridos, cuando cumplan con las exigencias establecidas en la ley y en su Estatuto Orgánico.
Artículo 26° Las condiciones a que se refiere el artículo 23° deberán subsistir durante todo el tiempo que los administradores delegados desempeñen las funciones de tales. La falta de una cualquiera de ellas, en cualquier momento que se produzca, dará margen para que la Superintendencia revoque la delegación.
El mismo efecto señalado en el inciso anterior producirá la mora o el simple retardo en el entero del aporte mencionado en el artículo 25°.
DECRETO SUPREMO 40.-
Artículo 2°
Corresponde al Servicio Nacional de Salud fiscalizar las actividades de prevención que desarrollan los organismos administradores del seguro, en particular las Mutualidades de Empleadores, y las empresas de administración delegada. Los organismos administradores del seguro deberán dar satisfactorio cumplimiento, a juicio de dicho Servicio, a las disposiciones que más adelante se indican sobre organización, calidad y eficiencia de las actividades de prevención. Estarán también obligados a aplicar o imponer el cumplimiento de todas las disposiciones o reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo.
Artículo 3°
Las Mutualidades de Empleadores están obligadas a realizar actividades permanentes de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Para este efecto deberán contar con una organización estable que permita realizar en forma permanente acciones sistematizadas de prevención en las empresas adheridas; a cuyo efecto dispondrán de registros por actividades acerca de la magnitud y naturaleza de los riesgos, acciones desarrolladas y resultados obtenidos.
Artículo 4°
El personal a cargo de estas actividades deberá ser especializado en prevención de riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo y su idoneidad será calificada previamente por el Servicio Nacional de Salud, pero en todo caso la dirección inmediata y los cargos que se consideren claves, como jefaturas generales y locales sólo podrán ser ejercidas por expertos en prevención de riesgos, definidos según lo dispuesto en el artículo 9°.
Las Mutualidades deberán disponer de suficiente personal especializado, contratado a tiempo completo, para asegurar que efectúen una prevención satisfactoria en todas las empresas asociadas. Se entenderá cumplida esta condición cuando a dicho personal le corresponda una proporción promedia individual no superior a 80 empresas. Para completar el número que resulte de aplicar la norma anterior, las Mutualidades no podrán considerar al personal técnico que las empresas asociadas dediquen a la prevención de riesgos.
El Servicio Nacional de Salud podrá verificar, cuando lo estime conveniente, la eficiencia de las actividades de prevención que desarrollen las Mutualidades; las que, para este efecto, estarán obligadas a proporcionar toda aquella información que les sea requerida y a llevar a la práctica las indicaciones que aquél les formule.
Manuel Muñoz Astudillo - Universidad Técnica Federico Santa María, Concepción, Chile. Abogado
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http://www.prevention-world.com/es/informacion-tecnica/articulos/33-informe-esencial-establecer-causas-siniestro.html?page=2
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