La tasa gravará con 17 euros cada tonelada de dióxido de carbono que emitan las grandes empresas
EFE - Sidney - 10/07/2011
"Como nación, necesitamos ponerle un precio al carbono y crear un futuro con energía limpia", ha dicho Gillard, al anunciar el plan del Ejecutivo, que ya cuenta con el apoyo necesario para que sea aprobado próximamente en el Parlamento. La medida, que entrará en vigor a partir del 1 de julio del año que viene, afectará a las compañías que emitan al menos 25.000 toneladas de CO2 al año, es decir, unas 500 grandes empresas contaminadoras, principalmente del sector eléctrico, minero y de la energía. Según las cifras del Gobierno, el CO2 que dejará de emitirse equivale a sacar de la circulación unos "45 millones de coches".
El impuesto aumentará anualmente un 2,5 % en términos reales hasta 2015, año en que se dará paso a un esquema de comercio de emisiones similar al de la Unión Europea (UE) donde el mercado internacional fijará los precios.
Este plan, que cuenta con solo un 30 % de apoyo popular, es considerado como uno de los más ambiciosos después del sistema creado en la UE en 2005 para regular las transacciones de derechos de emisión entre los sectores más contaminantes.
Australia contribuye con el 1,5 % de la emisión global de gases de efecto invernadero, menos que EE UU, China, Rusia, la India y Japón, pero es una de las naciones más contaminantes del planeta en términos per cápita.
El líder de la oposición, el conservador Tony Abbott, subrayó que el plan del Gobierno australiano no contribuirá a mitigar el cambio climático, ya que se pronostica que China y la India aumentarán sus emisiones un 500 y un 350 %, respectivamente. Abbott exigió que Australia afronte el cambio climático en "un contexto internacional apropiado", al insistir en que el nuevo impuesto tendrá un impacto negativo en los empleos y en los bolsillos de los australianos.
El Tesorero de Australia, Wayne Swan, quien acompañó en la rueda de prensa a Gillard, admitió que la reforma costará unos 4.300 millones de dólares locales (4.619 millones de dólares estadounidenses o 3.243 millones de euros) en los próximos cuatro años, principalmente en gastos vinculados a su implementación.
Australia, que depende en casi un 80 % del carbón para generar electricidad, tiene previsto cerrar para 2020 la mayoría de las centrales eléctricas de carbón, promover las inversiones en el desarrollo de energías limpias y el desarrollo de tecnologías menos lesivas al medio ambiente.
Para mitigar los efectos de su polémico plan, Camberra destinará en los próximos tres años unos 9.200 millones de dólares locales (9.884 millones de dólares o 6.938 millones de euros) para apoyar a la industria afectada por el impuesto, principalmente en el sector siderúrgico, del aluminio y zinc, así como las papeleras. A partir de 2013, el Gobierno establecerá un fondo de 10.000 millones de dólares locales (7.542 millones de euros) para promover en los próximos cinco años las inversiones en energías limpias y renovables. Las autoridades también otorgarán unos 15.000 millones de dólares locales (11.313 millones de euros) en reducciones tributarias y ayudas sociales adicionales para unos 4 millones de hogares afectados indirectamente por la medida. El impuesto excluye al sector agrícola y a los combustibles para uso personal o de los pequeños negocios, aunque afectará al diesel que utiliza el transporte pesado a partir de 2014.
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